Los nombres María del Pilar Hurtado, Enrique Guejia Mezal, Dilma Ferreira Silva o Samir Flores no le dicen nada a la mayoría de las personas. No son nombres de influencers o youtubers, ni hacen parte de la farándula. Ya ni hacen parte de este mundo pues son cuatro de los 212 activistas ambientales asesinados en 2019. Las cifras de asesinatos de activistas ambientales vienen rompiendo récords en los últimos años. En julio de 2020 la organización Global Witness¹ divulgó las estadísticas de asesinatos de líderes ambientales y defensores de la tierra para el año 2019. Los números son preocupantes, pues a nivel global desde 2015, cada semana cuatro activistas son asesinados. Y los asesinatos son apenas una parte de las intimidaciones que estas personas enfrentan, pues la persecución por parte de diferentes actores, incluidos procesos judiciales por parte de los Estados, violencia sexual, amenazas de muerte, desaparición forzada y ataques violentos se están haciendo parte del paisaje, especialmente en países en vías de desarrollo.   

El informe destaca que, de los 212 asesinatos registrados en 2019, la mitad ocurrieron en solo dos países: Colombia con 64 asesinatos y Filipinas con 43. Con Colombia a la cabeza, seguido por Brasil (24 asesinatos) y México (18 asesinatos), Latinoamérica es la región donde la lucha por el acceso justo a la tierra, su defensa contra impactos ambientales y la denuncia de la ilegalidad se convierten en justificativas para la violencia. Una violencia que se ha desatado principalmente sobre aquellos que protestan contra proyectos de minería o denuncian la minería ilegal (50 asesinatos), y contra quienes se oponen a la agricultura extensiva (con un incremento del 60 % en asesinatos, comparado con 2018).

Otro dato preocupante, es que las comunidades indígenas han sufrido de este flagelo de forma desproporcionada. Aunque apenas representan un 5 % de la población global, 40 % de los líderes ambientales asesinados fueron indígenas. Y por los sectores involucrados en los asesinatos, muchos se han concentrado en zonas donde se pretende expandir la frontera agrícola, como la Amazonía, donde ocurrieron 90% de los asesinatos reportados para Brasil.

El informe llama la atención sobre el impacto de los ataques por parte de gobiernos y políticos a la reputación de los ambientalistas, que terminan por promover la violencia. Además, el alto grado de corrupción dentro de las instituciones en varios de estos países, impide que haya justicia. Como sucede en Brasil donde las investigaciones han arrojado resultados judiciales en apenas 14 de los 300 asesinatos ocurridos desde el año 2010 en la Amazonía brasilera².

Reunión del expresidente del Comité Europeo de las Regiones (CoR), Karl-Heinz Lambertz, con el Jefe Raoni Metuktire. / Imagen: European Committee of the Regions

Buscando proteger la vida de los ambientalistas, el informe de Global Witness finaliza con recomendaciones dirigidas a gobiernos, compañías e inversores. A los gobiernos les insisten en la necesidad de asegurar los derechos de posesión de tierra para las comunidades indígenas, así como garantizar el acceso a esta en forma igualitaria, incluyendo perspectivas de género. Los gobiernos deben ser los encargados de evaluar y hacer públicos los potenciales impactos ambientales causados por proyectos que necesitan explotar recursos naturales. Y tal vez uno de los puntos más importantes es legitimar, promover y defender el ejercicio del activismo ambiental, y claro está, traer justicia ante los ataques, amenazas y asesinatos.  

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